En el norte de Guatemala las operaciones intrusas de las compañías mineras de níquel se han convertido en una seria amenaza para las comunidades Mayas. La Asociación del Estor Para el Desarrollo Integral (AEPDI)—contraparte de Oxfam que ha trabajado en la región de Izabal en el noreste de Guatemala desde 1999—está a punto de llevar el caso a la Corte de Justicia Internacional.
Guatemala es un país rico en recursos minerales, particularmente en los metales más costosos: oro, plata, cobre y níquel. Según el ministerio guatemalteco de energía y minas, actualmente hay más de 160 acuerdos mineros activos en Guatemala, proveídas por el gobierno guatemalteco a inversionistas extranjeros, principalmente a empresas mineras de oro y níquel americanas y canadienses.

El gobierno guatemalteco pone en alto riesgo las comunidades y el medio ambiente al ceder tierras a bajos precios a inversionistas extranjeros. Estas tierras son vendidas a un bajo precio artificial de $120 por kilómetro cuadrado para llevar acabo explotaciones mineras las cuales las compañías mineras solo pagan al gobierno el 1% de sus ganancias en regalías.

En muchas comunidades, como El Estor en el noreste de Guatemala, los mayas están sufriendo las consecuencias de la explotación minera en sus tierras ancestrales. A pesar de protecciones legales nacionales e internacionales, las tierras mayas continúan siendo saqueadas ilegalmente. "Guatemala se está acabando a través de las concesiones", explica Daniel Vogt, director de la  AEPDI. "Es una venta barata, un regalo".

Además de ser despojados de sus tierras, los mayas también están siendo forzados a abandonar sus hogares, escuelas, iglesias y cosechas para abrir el paso a las operaciones mineras. En un país donde miles de indígenas carecen de seguridad alimentaria y servicios de salud, el desplazamiento y la destrucción del medio ambiente creado por las operaciones mineras crean un efecto devastador.

Contrario a los Estados Unidos y Canadá donde la compra de tierras incluye derechos al subterráneo, bajo la constitución guatemalteca todo mineral situado por debajo la tierra pertenece al estado. Consecuentemente, el gobierno puede vender las concesiones para excavar posible petróleo o minerales en las tierras situadas debajo de las comunidades.

Sin embargo, el gobierno guatemalteco está obligado bajo leyes internacionales a consultar y tener la aprobación de las comunidades que son dueñas de las tierras que están siendo excavadas.

Según el tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169 de la Naciones Unidas—aprobado y ratificado por el gobierno guatemalteco en 1996—los pueblos indígenas tienen el derecho de "participar en el uso, manejo y conservación" de su territorio y el derecho de rechazar al gobierno las concesiones mineras en sus tierras.

Aproximadamente el 90% de los 40,000 habitantes de El Estor forman parte de los Mayas Q’eqchi. Dado de que las licencias mineras proporcionadas ilícitamente por el gobierno guatemalteco desde 1999, cerca de 20,000 Mayas Q’eqchi están a punto de perder sus tierras cuando las empresas mineras empiecen a entrar en ellas, y miles más estarán en la misma situación en el resto del país.
El caso de "la petrolera atlántica"
En 1998 el gobierno guatemalteco otorgó un área de 312,000 hectáreas en la región del Estor a la (APC) Corporación Petrolera Atlántica por un plazo de 25 años. Los oficiales gubernamentales tuvieron negociaciones sin haber consultado a las comunidades mayas que vivían en esa área.

La AEPDI se unió a un grupo nacional de organizaciones ambiéntales e indígenas para evocar la ley OIT 169 y formar un tesis legal a favor de los derechos de las comunidades locales para impedir las operaciones del APC en su comunidad e hizo una campaña de incidencia política para presionar el gobierno guatemalteco.

En el 23 de Mayo del 2002 el anterior presidente guatemalteco Alfonso Portillo anuló la concesión de petróleo que amenazaba la municipalidad del Estor. Esta decisión fue una victoria para los miles de habitantes que habrían sufrido los efectos de las operaciones petroleras en sus comunidades. 
La persistente amenaza de las concesiones mineras
Actualmente los mayas del Estor y de Guatemala están bajo una gran amenaza. Seis empresas mineras—cuatro canadienses (Inco, Jaguar Nickel, Goldex resources, Radius Explorations) y dos americanas (Glanis Gold y ITH Chemical)—han negociado la compra de 160 concesiones mineras en tierras que pertenecen a comunidades mayas en Guatemala.

Para la AEPDI no es posible luchar y ganar 160 batallas legales por cada una de las concesiones ilícitas; en cambio, ellos tienen una visión más amplia. La AEPDI está llevando el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC para rechazar las concesiones dadas por el gobierno guatemalteco presentando el argumento de que éstas violan la espiritualidad y los derechos de las comunidades mayas.

Según la religión maya, la excavación minera es considerada un sacrilegio, una actividad que va en contra de la espiritualidad maya que valora la armonía entre la humanidad y los cosmos.

"Gobiernos se han opuesto por mucho tiempo al concebimiento de derechos especiales para sus poblaciones indígenas" Vogt explica. "Como resultado, el mejor argumento legal para defender el territorio maya es uno que demuestra que la venta de los derechos del mineral subterráneo viola el derecho maya de defender la creencia en una tierra en donde la humanidad y la tierra están integralmente relacionadas".

La comisión puede recomendar al gobierno guatemalteco que tome ciertas medidas pero no puede imponer sanciones. En el caso de que el gobierno no tome las medidas adecuadas, la AEPDI llevará el caso a la corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, entidad que sí puede imponer sanciones a Guatemala.

"Si los argumentos legales fuesen enfocados en cuestiones ambiéntales, Vogt explica, "uno tendría que aceptar la realidad que cada lado tiene estudios que justifican sus posiciones y que las autoridades tienen que escoger a quien le darán la razón. Por otro lado, el derecho maya de tener una cierta creencia es mas fácil de defender en base a un principio legal".
El impacto ambiental de la minería.
Una fina capa de tierra cubre ricas reservas de níquel, lo cual aumenta el valor de un territorio rico en recursos naturales. Rigurosas operaciones mineras en el pasado han contaminado el frágil ecosistema del Estor, causando la erosión de la tierra en los caminos montañosos donde viven las comunidades mayas. La deforestación ambiental ha causado derrumbes y una variedad de desastres naturales.

Tierras mayas son constantemente inundadas de desechos químicos y son expuestas a toxinas. El níquel es una sustancia tóxica que puede causar cáncer si es inhalado en su estado polvoroso. Es también un metal pesado que contamina el agua y forma residuos en personas que lo absorben.

Las compañías mineras han encontrado una manera para no tomar la responsabilidad por los daños ambiéntales que han causado. Ellos venden sus minas ya explotadas o las concesiones gubernamentales a empresas mineras más pequeñas a punto de la banca rota, para evitar la responsabilidad de la limpieza de los catástrofes ambiéntales han ocasionado.

Para combatir esta injusticia la AEPDI ha comisionado un estudio sobre el impacto ambiental de actividades mineras. Los resultados podrían ser usados como herramientas para hacer campañas de incidencia y cabildeo en contra de estas actividades.

Mientras continúa el caso legal, la AEPDI sigue defendiendo a las comunidades mayas:

    *  Asistiendo a reuniones de accionistas de compañías canadienses, informándoles sobre el impacto que las minas han tenido en las vidas y comunidades campesinas e indígenas de Guatemala.
    * Apoyando la organización de los Q’eqchi para que tengan un frente unido para ayudar a los mayas a que tengan soberanía sobre sus tierras. La AEPDI busca formas de proteger a comunidades de los impactos de la contaminación, de la discriminación, y la violencia política. Con la influencia de la AEPDI, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas rechazó públicamente en Abril las actividades mineras en sus comunidades y suplicó al gobierno guatemalteco para que suspendiera aquellas operaciones que estaban por ocurrir y a futuras concesiones mineras.
    * Fortaleciendo el sistema jurídico guatemalteco a través del monitoreo del sistema legal actual e influyendo a la opinión publica y a las políticas a nivel local y nacional.
    * Proveyendo intérpretes legales y instructores en comunidades rurales, para enseñarles a como solucionar conflictos.
    * Enfocándose en el desarrollo educativo de la población Q’eqchi especialmente referente a jóvenes y adultos a través de un programa educativo. El programa promueve una conciencia ambiental, cultural y lingüística buscando también reforzar la autoestima de los estudiantes.