Fuente: Argenpress

La Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) desinforma a las comunidades de Izabal, con el fin de lograr la exploración y explotación de minerales metálicos, actividad que contaminará el agua y dañará la vida silvestre, se conoció aquí.

Dirigentes de la Asociación de Amigos del Lago de Izabal señalaron al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) por favorecer a la CGN, al aprobar un estudio de impacto ambiental viciado, que la empresa utiliza para promover sus proyectos en la zona.

La compañía se aprovecha de la pobreza y la desinformación de los campesinos y ha copado a los dirigentes de entidades locales, a quienes utiliza para la promoción de sus actividades, indicó Eloyda Mejía, de la Asociación.

Además de confundir a los comunitarios, la Compañía Guatemalteca de Níquel cuenta con e apoyo de la empresa Consultora Técnica Ambiental, que trata de obtener documentos firmados por los campesinos, quienes supuestamente avalan la minería, señaló Mejía.

El estudio de impacto ambiental validado por el MARN es incompleto, pues no incluye el de procesamiento, que es la parte más delicada; según los lineamientos, estos análisis no pueden ser aprobados de manera fraccionada, agregó la lidereza.

Las comunidades de Sipacapa, San Marcos, también están amenazadas por la minería de metales, pues esta labor incluye la destrucción de extensas áreas de bosque, el remozamiento de tierras, la extracción del suelo subterráneo y el uso de químicos altamente tóxicos, expresó Juan Tema, dirigente comunitario de esa región.

Hace un año, los pueblos de ese lugar rechazaron la actividad minera, en una consulta popular, sin embargo la compañía Montana Exploradora, subsidiaria de Glamis Gold y propietaria de la Mina Marlin, interpuso un amparo contra el proceso, acción que fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad (CC), que validó el referéndum.

Sin embargo la resolución no fue firmada por los magistrados salientes, por lo que Tema pidió a los actuales integrantes de la CC que la ratifiquen, pues se realizó en el marco del Código Municipal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala.

En el caso de Izabal, las comunidades asentadas en las áreas concesionadas se sienten acosadas, ya que luego del retiro de la Defensoría Maya Q´eqchi´ de la región, la Fundación Raxché, de la CGN, se ha dedicado a manipular a la población, para que respalde el proyecto minero, concluyó Mejía.