Ha llegado, igual que en los años 70, como los merolicos de las ferias, ofreciendo empleo, prosperidad y desarrollo.

    En febrero de 1971, durante el régimen represivo del general Carlos Manuel Arana Osorio, la empresa Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal (Exmibal) logró una concesión por cuarenta años para la explotación del níquel en Guatemala.

    Exmibal es la subsidiaria local de la Compañía Canadiense Internacional de Níquel (Inco, por sus siglas en Inglés), la cual inició una sociedad con Geostar Metals Inc. (Geostar) y Chesbar Resources Inc. (Chebar), también de capital canadiense.

Diez años después de haber obtenido la concesión, Exmibal cancela sus trabajos en El Estor, Izabal, por la baja internacional en los precios del níquel. Se va, momentáneamente, porque sus ganancias empresariales se veían mermadas.

    Al salir no contó también entre las pérdidas las vidas humanas que la firma del convenio –que le permitió explotar nuestros recursos– acarreó para Guatemala. Julio Camey Herrera y Adolfo Mijangos López, en 1969 y 1971, pagaron con su vida el oponerse a la explotación y negociación draconiana que impuso la Inco-Exmibal.

    Una década después, en 1980, Julio Alfonso (Sabanita) Figueroa también fue acribillado por sus estudios de impacto económico-negativo de la Exmibal. Rafael Piedrasanta, quien junto a Camey y Mijangos participó en un estudio sobre los perjuicios que contenía el contrato de concesión entre el régimen de Arana y Exmibal.

    Ahora, más de dos décadas después de haberse retirado, Exmibal pretende retornar a El Estor. Ha llegado –igual que en los años 70, como los merolicos de las ferias– con ofrecimientos de empleo, prosperidad y desarrollo. Cuando se fue en 1981, el progreso ofrecido en El Estor no existía. Más bien se produjo una profunda crisis ambiental y de violencia, que ahora retorna como amenaza.

    La explotación minera perjudica los recursos naturales no renovables y, para lograr su cometido, Exmibal requiere deforestar nuevamente la extensión que le fuera entregada por el gobierno militar de Arana Osorio. Al igual que antes, ahora –con violencia y sin dar la cara– se vale del respaldo local de las familias Ponce y Lorenzana.

    Las mismas que en los años 70 apoyaron a sangre y fuego la instalación primaria de la empresa foránea. De hecho, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico llegó a consignar que la empresa canadiense estuvo involucrada en ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la zona de El Estor y Panzós, durante el conflicto armado.

    Esta vez, con el apoyo del alcalde Rigoberto Chub, pretenden reinstalarse y no escatiman amenazas contra las comunidades locales y organizaciones de base, como la Asociación Amigos del Lago de Izabal, a cuya representante han amenazado de muerte y han acosado judicialmente.

    Para este propósito, se han valido –como en los años 70– de los cuerpos paramilitares, de las estructuras de Cuerpos de Inteligencia y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), al servicio de los cabecillas de la violencia en Izabal. Exmibal retorna a Guatemala con ofrecimiento de empleos y una cartera de violencia y muerte, como lo hizo en el pasado. De nuevo, Exmibal está contra Guatemala y para su propósito cuenta con el respaldo de los Ciacs.

    Es ahora cuando deben actuar las autoridades de seguridad para garantizar la vida, la integridad, el derecho a la libre asociación y expresión de quienes denuncian en El Estor y en Guatemala el peligro que representan las operaciones de la empresa minera en mención.

    Mientras, la Presidencia de la República, que ahora está a cargo de Oscar Berger, está obligada a no suscribir convenio alguno de explotación minera sin escuchar y, sobre todo, atender los reclamos de las comunidades por el respeto de su tierra, de su ambiente y de sus vidas.